En la primera encuesta sobre el proceso de Restitución de Tierras y la intención de retorno efectivo de la población desplazada realizada por realizada por la Consultoría para los Derechos Humanos, Codhes, con apoyo de la Embajada de Suecia, se indicó que cuando ya hay sentencia favorable a las víctimas, el retorno pleno o de explotación económica directa ocurre en un 86 por ciento.

De ese porcentaje, el 72.6 por ciento corresponde a un retorno pleno, esto es, el regreso a los predios restituidos para vivir en ellos (38 casos) o para vivir y trabajar en los mismos de manera simultánea (776 casos).

Otro 12.8 por ciento (144 casos) corresponde a un retorno con fines de explotación económica del predio, pero sin vivir en él. La encuesta registra que las personas prefieren habitar en el centro poblado más cercano al predio o bien porque consideran que no hay buenas condiciones para desarrollar su vida allí o por falta de condiciones de seguridad.

Igualmente, se señala que de los beneficiados con sentencia, en un 1.5 por ciento (17 casos) hay un retorno indirecto que implica que se toma posesión del bien, permitiendo que sean sus familiares los que vivan en este o lo exploten.

La encuesta realizada por la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes) con apoyo de la Embajada de Suecia realizó 2.594 encuestas: 1.153 en casos donde ya hay sentencia y 1.441 en casos que están en las distintas fases del proceso de restitución.

El documento, que tuvo como fecha de corte el 21 noviembre de 2014 y que fue lanzado con presencia del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, señala que en un 2.3 por ciento (26 casos) se registró un aprovechamiento económico pero sin retorno, lo cual implica que el propietario no habita ni explota directamente el bien.

De los encuestados que ya tenían sentencia judicial, un 9.9 por ciento (108 casos) señaló no saber qué hacer todavía con el predio por no querer regresar a un lugar que les trae malos recuerdos, según arrojó la encuesta, o por temas de seguridad. Además, el 3.6 está esperando a que pase el tiempo de ley para vender el predio.

El director general del estudio, el académico Luis Jorge Garay, explicó que esta encuesta es el primer trabajo que recopila información, con representatividad nacional y regional, que busca suplir un vacío que había sobre el impacto de la norma.

“Una altísima proporción va a retornar y está retornando porque, de hecho, el 41% de los que han sido restituidos judicialmente, regresó incluso antes de la entrega material del predio. Eso da una muestra de que hay una voluntad de retorno mayor a lo que algunos estudios y comentarios habían indicado, en el sentido que no había voluntad de regresar y que la gente quería básicamente vender sus predios”, dijo.

Cuando no hay todavía sentencia

Ahora bien, Garay explicó que para los casos encuestados en donde todavía no había sentencia judicial, 1.114 encuestas, el hallazgo es que hay una voluntad de retorno que si bien es menor frente a quienes ya tienen fallo judicial favorable, aumenta en la medida que va avanzando el proceso y se ve cercana la posibilidad, real, de regresar.

La encuesta revela además, que de los que todavía no están restituidos, el 38.1% manifiesta la intención de hacer un regreso pleno, tanto para vivir como para explotar el lugar, mientras que el 14.8 por ciento aspira a un retorno económico directo (sin habitar).

En estos casos se tuvo en cuenta que el 8.8 por ciento (182 titulares) estiman como un factor para no regresar que en sus predios haya personas ocupándolos, sin autorización.

Cumplimiento de fallos

Sobre el cumplimiento de las órdenes que emiten los jueces cuando restituyen un predio, como las garantías de seguridad, el acompañamiento de la fuerza pública, el acceso a créditos, el alivio de deudas de servicios públicos, acceso a proyectos productivos, entre otros, la encuesta señaló que se han dado procesos favorables a las víctimas, pero sin acompañamiento adecuado de las instancias locales.

La encuesta afirma que la entrega material de los predios se ha cumplido en un 83.3 por ciento de los titulares de restitución de tierras con sentencia en zonas rurales y que en la mayoría de los casos hubo un acompañamiento de la Unidad de Restitución.

Por ejemplo, de 940 predios entregados materialmente, en 743 se decretaron medidas para el acceso a proyectos productivos y el cumplimiento de la orden está en un 85.7 por ciento. Los niveles bajos de cumplimiento, entre el 40 y el 60 por ciento tiene que ver con órdenes sobre acceso a créditos, incentivos para la producción, gestiones para atención en salud, educación o alimentación, la construcción de infraestructura vial y, especialmente entre la entrega de subsidios de vivienda que “apenas alcanza el 25.7 por ciento del cumplimiento total y 15 por ciento parcial”.

Recomendaciones

De acuerdo con Garay, la principal recomendación es tener en cuenta que el proceso no es exclusivo de la Unidad de Restitución de Tierras, sino varias entidades como el Ministerio de Defensa, y los jueces de la República, por lo que todas las instituciones involucradas deben trabajar de la mano para poder garantizar el retorno.

Esto, mediante el desarrollo de programas de desarrollo rural, con énfasis en proyectos productivos que permitan explotar la tierra y tener una subsistencia digna; así como con acceso a créditos, a servicios y a infraestructura básica: vías, agua y energía.

Se recomendó igualmente “diseñar y poner en práctica una política agresiva de vivienda rural”, que cuente con recursos suficientes; así como hacer un esfuerzo institucional para que se cumplan las órdenes que dan los jueces, apoyar los traslados a los predios restituidos, entre otros.

¿En dónde?

De los 1.153 casos con sentencia que fueron analizados, 1.082 implicaron la restitución efectiva del predio, 49 la compensación con otro predio, cuatro la compensación con dinero, 14 fueron fallos desfavorables y en otros cuatro casos no se reportó la información.

Las compensaciones se registraron en un 60 por ciento en municipios como Montería, Ataco, Ciénaga, Pasto, María La Baja y Valle del Guamez.

Los predios rurales restituidos, que son en total 1.122, están ubicados principalmente en Córdoba (268), Tolima (209), Magdalena (106), Valle del Cauca (104), Sucre (92), Bolívar (82) y Nariño (81), Putumayo (60) y Antioquia (55).

Por otro lado, en los casos en donde todavía no hay fallo, se registró que las solicitudes corresponden de manera mayoritaria a Antioquia, Cesar, Magdalena, Sucre, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Tolima cuando se trata de predios en zona rural. En el caso de solicitantes de predios en zona urbana los mayores intereses son en Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cesar, Putumayo y Sucre.

Las opiniones

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, señaló que la encuesta revela que si “el Estado da con qué volver, vuelve. Los campesinos están volviendo y eso responde a quiénes decían que para qué restituir si no iban a volver”.

“La unidad está estudiando el 50 por ciento de lo que ha llegado y hemos entregado a los jueces datos de 600 mil hectáreas. Allí hay un enorme reto y es cómo producir sentencias más rápidos”, señaló.

Por su parte, el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, resaltó la encuesta al estimar que para poder hablar de justicia transicional se tiene que conocer qué pasa realmente con las víctimas, más si se trata de un país con 7 millones de víctimas.