Declaraciones encontradas entre los líderes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y representantes del Gobierno Nacional marcaron las primeras horas de la protesta social que adelantan sectores indígenas y campesinos en varias regiones del territorio nacional.

Estas movilizaciones, que en su mayoría se han dado en las carreteras del país, se realizan contra las políticas gubernamentales que consideran no acordes a la voluntad de los habitantes de las zonas rurales de conseguir «la paz con justicia social y ambiental».

Los voceros de este nuevo paro agrario expresan su inconformismo por las acciones gubernamentales durante los últimos meses entorno a las soluciones pactadas luego de las jornadas de protestas que paralizaron las carreteras colombianas en agosto y septiembre de 2013 y otra huelga en abril y mayo de 2014.

Después de esos paros se concertó un acuerdo que incluía la celebración de reuniones frecuentes entre representantes del Estado y diferentes mesas regionales. De acuerdo con los lideres campesinos, dichas reuniones no han sido fructíferas y no se han dado soluciones concretas.

Esta Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular considera que la movilización, denominada “Sembrando esperanza, cosechando país”, es necesaria porque “las políticas del Gobierno ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la pervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano”.

Entre esas políticas destacan los Tratados de Libre Comercio, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo código de la Policía, entre otros.

Por otra parte, los manifestantes piden al Gobierno garantizar la participación de las comunidades en la construcción de una reforma agraria que “redistribuya y democratice” la propiedad de la tierra en el país y “reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural”.

Respuesta del Gobierno

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presidio una reunión con las autoridades civiles y militares de los 32 departamentos del país, para revisar la situación de orden público con motivo de las movilizaciones de sectores indígenas y campesinos en varias regiones del territorio nacional, y afirmó que el Gobierno “no ha ahorrado esfuerzos” para cumplir los compromisos suscritos en 2013. “Se ha trabajado un promedio de 1.100 horas, manteniendo un diálogo permanente, que ha derivado en importantes resultados políticos y fiscales”, indicó.

El Ministro Cristo afirmó que como muestra de la voluntad de diálogos se instaló la Mesa Nacional que hasta el momento ha realizado 18 reuniones plenarias. Además se han instalado cinco mesas regionales en Arauca, Antioquia, el Catatumbo, Cauca y el sur de Bolívar en las que también ha reuniones frecuentes.

Asimismo, destacó que como consecuencia de los acuerdos logrados en esos espacios de negociación “se han comprometido más de 250.000 millones de pesos (unos 81,5 millones de dólares)” para el sector campesino.

Enfatizó que durante este año se ha desarrollado “un seguimiento a las garantías para los integrantes de organizaciones de defensores de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que ejercen la protesta social”.

En este encuentro, junto al ministro del Interior Juan Fernando Cristo participaron los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas; agricultura, Aurelio Iragorri; Ambiente, Luis Gilberto Murillo; Trabajo, Clara López, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo y los viceministros Guillermo Rivera y Carmen Inés Vásquez.