“En la mira” adjudicación de tierras en Vichada

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Los recientes hechos en los cuales algunos exfuncionarios de la Dirección Territorial Vichada del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, hoy en liquidación, han sido señalados de cometer actos delictivos a través de las adjudicaciones en ese departamento, y teniendo en cuenta la orden que dio la Procuraduría Regional del Vichada la semana pasada, de suspender de sus cargos al Director Territorial encargado y a un funcionario por presuntas irregularidades, llevó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a iniciar una revisión exhaustiva de todas las adjudicaciones de títulos baldíos realizadas en el departamento del Vichada, en los últimos 11 años.

El Incoder en liquidación llevará a cabo este proceso investigativo de los 2.454 títulos baldíos otorgados desde el primero de enero de 2005 a la fecha, y contará con el apoyo la Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía, la Dijín y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Con estas indagaciones, se verificará si las adjudicaciones son legales, sin los propietarios actuales de los títulos otorgados son a los que se les concedió inicialmente el predio o si en el momento de otorgárseles, eran sujetos de reforma agraria.

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Lluvia de denuncias

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, y con las denuncias sobre el posible carrusel de adjudicación de terrenos baldíos en el departamento del Vichada, y que reposan en la Fiscalía General de la Nación, estos procesos, los de adjudicación de baldíos, están rodeados de un sinnúmero de acciones ilegales.

Una de las maneras utilizadas para lograr estas adjudicaciones irregulares ha sido la del fraccionamiento de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF, hasta la adjudicación directa a un campesino sin cumplir con las normas para ser adjudicatario de reforma agraria.

Primeras medidas

La Procuraduría Regional del Vichada ordeno al Incoder la suspensión inmediata y de manera provisional de Gonzalo Bermúdez Meléndez, director de ese instituto en el Vichada, y la de Édgar Cabrera Flórez, su coordinador técnico.

De acuerdo con la Procuraduría, en contra de los funcionarios están instauradas quejas de particulares, y de sus propios compañeros, las cuales han sido calificadas por el ministerio público como gravísimas. Las faltas que se le atribuyen a los funcionarios son entre otras el haber extraído y modificado folios en los cuales se habría falsificado la firma de una alta empleada del Incoder. También se encontraron adulteraciones y falsificaciones en sus hojas de vida e irregularidades en la adjudicación de tierras.

La investigación también esta dirigida a indagar sobre millonarios desembolsos en proyectos productivos que no presentan soportes de cotización ni entrega de los bienes contratados a los beneficiarios.

A los funcionarios también se les acusa de permitir el acceso a los expedientes del instituto por parte de personas ajenas que manipulan la documentación de manejo exclusivo del Incoder.

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