Juan Diego Gómez Jiménez, Senador de la República

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El senador antioqueño Juan Diego Gómez Jiménez trabaja por el campo colombiano desde la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República la cual está encargada de los asuntos de Régimen agropecuario, Ecología, Medio ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Recursos Naturales, Adjudicación y Recuperación de tierras, Recursos ictiológicos y Asuntos del mar, Minas y Energía, Corporaciones autónomas regionales.

Para el congresista, el Pacto Agrario, que el mismo ayudó a promover, ha sido uno de los pilares para poder encarrilar la locomotora agropecuaria del país en torno a una política acorde a las necesidades del sector rural, así lo dio a conocer en un diálogo que sostuvo con los periodistas de Confidencial Colombia.

Juan Diego Gomez

Juan Diego Gómez Jiménez, Senador de la República

“Lo más importante que se logró fue tener una comunicación entre el Gobierno y los diferentes sectores campesinos en el país. No era un asunto del Gobierno en el momento, sino, un tema histórico de 25 o 30 años sin acciones, sin una política agraria, sin decisiones, y obviamente unas condiciones de abandono en las que no solo hay apoyos para que los campesinos desarrollen su economía, sino que se han tenido que enfrentar durante todo este tiempo a la guerrilla de las FARC, a la del ELN, a los grupos armados ilegales, en su momento las autodefensas, y hoy, como si fuera poco, a grupos de bandas criminales.

Con el Pacto Agrario creo que lo primero que se logró fue poner una mesa de conversación muy importante entre el Congreso, los sectores productivos del país desde las distintas organizaciones agropecuarias y el Ministerio de Agricultura.

A partir de allí se ha desarrollado programas muy interesantes, y uno de ellos es el programa Colombia Siembra, que hoy se está materializando, una propuesta para desarrollar un millón de hectáreas con unos cultivos priorizados, sobre los cuales hay demanda para que sea una actividad que tenga crecimiento económico, no que simplemente esos campesinos terminen, por la oferta y la demanda, trabajando a perdida como se ve en muchos casos hoy en día.

Otros de los logros importantes a través de esa misma mesa de conversación, fue el hacer entender que se requiere de la Ley Zidres la cual busca desarrollar unas áreas del país donde se requiere agroindustria, pero en el que se involucra a la comunidad. Y se ha planteado otro tema muy importante y es unas familias vulnerables, donde la mujer es cabeza de hogar, y donde se plantea que los campesinos a través de distintos modelos asociativos sean propietarios también de esos proyectos productivos.   Así se desmonta ese discurso sobre que la agroindustria es una manera de entregar la soberanía del territorio nacional a extranjeros, que ha sido el argumento de algunos sectores de izquierda en el país”.

Pregunta = Confidencial Colombia

¿Cómo se complementa el desarrollo integral del campo en el Punto 1 del proceso de paz que se lleva a cabo en la Habana, Cuba?

Respuesta = Juan Diego Gómez Jiménez, Senador de la República

“Ese es uno de los temas más importantes, Colombia indiscutiblemente tiene vocación agrícola. En los últimos 15 años el país comenzó a tener un proceso de desindustrialización y creció muchísimo la renta minera y la renta petrolera. Hoy, en las condiciones que están los commodities en el mundo, con la devaluación del peso, y en las condiciones que esta la economía nacional, Colombia vuelve atener una vocación agrícola muy importante, y hoy se entiende que hay una gran oportunidad en los negocios del campo. Sin embargo, eso requiere de una política agraria desde el Ministerio de Agricultura, que halla un inversión puntual y acompañamiento en asistencia técnica y desarrollo rural, para que esas zonas del país puedan ser productivas. En eso puede ayudar mucho el programa Colombia Siembra, con el que se busca que los campesinos prioricen esos productos que tienen demanda tanto en el mercado nacional como en el internacional y eso nos permite una sostenibilidad de precios y una mayor rentabilidad para ellos”.

PÁRAMO-DE-SANTURBÁN

Pregunta = Confidencial Colombia

¿Qué va a pasar con la decisión de la Corte Constitucional referente a la explotación minera en los paramos, y que afecta directamente a 347 títulos mineros con licencia, según cifras entregadas por la Agencia Nacional de Minería?

Respuesta = Juan Diego Gómez Jiménez, Senador de la República

“En este momento se está tramitando, con iniciativa nuestra, un proyecto de ley en el que se reglamenta la actividad minera y de petróleos en los paramos. Y hay que decirlo claramente, no es que las compañías, las autoridades territoriales, municipales y departamentales, Corporaciones Autónomas, el Ministerio y el Congreso quieran que se destruyan los paramos, pero hay una serie de derechos adquiridos, y hay casos muy coyunturales, uno de ellos es el Paramo de Santurbán, donde hay una ancestralidad de más de 460 años de actividad minera. Municipios en el departamento de Santander como Vetas y California, que sus mismos nombres vienen de la minería, y en los que se está diciendo que ese páramo no se debe intervenir más y que se debe proteger.

Hay un elemento muy importante, y es que los paramos, luego que están intervenidos, máximo lo que se puede hacer en ellos son programas de mitigación o de compensación ambiental, garantizando que se cuiden las partes que no están intervenidas, pero no se podría llegar a restaurar de tal manera que no tuviera ningún impacto.

Es por esta razón que una decisión como esas, hace que se ponga en riesgo la estabilidad económica de municipios como Vetas y California, donde su propia iglesia quedo dentro de la delimitación del páramo, el parque principal quedó dentro de esa delimitación, y eso hace que, a veces, esas decisiones tan importantes, riñan con el desarrollo de comunidades como las que les estoy nombrando.

Aquí hay unos compromisos con unos empresarios, hay una confianza inversionista que Colombia tiene en entredicho en el mundo entero, hay unos derechos adquiridos y unas expectativas económico, y parte de eso es lo que estamos regulando. Dentro del proyecto de ley tenemos unos componentes importantes, el primero de ellos es técnico, que pueden ser financiados por el interesado, porque muchísimas veces no se pueden hacer intervenciones en ciertas áreas del país porque no hay cartografía como debe ser o porque no hay un estudio de impacto ambiental, no hay unos inventarios de fauna y flora que se requieren y eso la van a poder hacer los privados. Y el segundo tiene que ver con las afectaciones económicas a los empresarios. Si este fuera el caso debe existir mecanismos de compensación de tipo económico, para que se respete esa confianza inversionista, se priorice ese derecho colectivo, que es el derecho a un ambiente sano, pero que se respete también el derecho de los privados. Así se logra un equilibrio, si bien es cierto, no es tomar una decisión extrema de intervenir todos lo paramos o no intervenir ninguno, hay que mirar cada caso en particular y para eso no existe una formula especifica”.

Pregunta = Confidencial Colombia

¿La consulta previa con las comunidades o grupos étnicos se está convirtiendo en un impedimento para el desarrollo en Colombia o simplemente es un mecanismo que se volvió negocio para algunos?

Respuesta = Juan Diego Gómez Jiménez, Senador de la República

“Yo creo que un poco de ambas. Hay una fallo de la Corte Constitucional que obliga a que se celebran consultas previas con ciertas comunidades en algunos territorios geográficos del país, y en algunos casos se han venido atrasando los proyectos y en otros se ha venido convirtiendo en un poco excesivo estos argumentos por parte de las comunidades. Es uno de los asuntos que está en la agenda del Gobierno y es una de las prioridades que tiene el Ministerio de Minas y Energía como el de Agricultura y el Ministerio de Transporte, avanzar en esas consultas previas para que podamos tener oportunamente el conocimiento si los proyectos si se puedan desarrollar o no se puedan desarrollar, de acuerdo con las limitaciones de tipo ambiental o tipo social de estas comunidades.

Pregunta = Confidencial Colombia

¿Esta medida, o proyecto de Ley, puede sonar impopular, más aún en estos momentos que tenemos inconvenientes con los impactos del cambio climático como el mismo fenómeno de El Niño?

Respuesta = Juan Diego Gómez Jiménez, Senador de la República

“Cuando yo planteo el tema de sensibilidad con el medio ambiente es porque en los colombianos existen una gran preocupación por el medio ambiente y eso está muy bien. Mi formación ha sido como abogado y lidero en Colombia dos grupos ambientalista de parlamentarios, y creo que es muy importante que se haga, pero ser ambientalista no quiere decir ser extremista. Hay proyectos de ley que se están elaborando para eso. Por ejemplo, hay un proyecto que venimos trabajando de mitigación del cambio climático, que es uno de los compromisos de la COP21, conferencia sobre el clima celebrada en París el año anterior, y obviamente hay unos compromisos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde Colombia tiene que entrar a plantear rápidamente, desde el Gobierno, desde el Congreso, un plan estratégico de mitigación del impacto ambiental.

Nosotros en Colombia tenemos una gran amenaza del cambio climático y creemos que es una de las prioridades que se tiene, pero, si no se articula en una gran política de prevención del riesgo del impacto del cambio climático, lo que terminamos teniendo es un montón de fallos, uno de la Corte Constitucional, quizá mañana uno del Consejo de Estado, o un proyecto de ley de iniciativa del Congreso, y terminamos volviendo esta política una colcha de retazos que no le aporta nada al país.

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