No cesan las protestas contra sanción a ingenios y el gobierno no dice nada

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Desde diferentes sectores de la economía se siguen escuchando voces de rechazo a la millonaria sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra Asocaña y los ingenios azucareros y sin embargo el gobierno sigue sin pronunciarse al respecto como dando a entender que se mantendrá la decisión pese a todo lo que implica.

Así como la multa no tiene precedentes tampoco los hay en la unión que la misma generó en solidaridad con los afectados.

Los mismos agricultores, los sindicatos, los analistas económicos, las empresas y en general la mayoría de la población ha expresado su indignación por la multa que no se compadece y que puede implicar la ruina de todo un sector y un creciente desempleo.

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidiéndole que sirva de garante en las investigaciones que se adelantan al sector azucarero en el país.

Allí señalan que “apelamos a su condición de Jefe de Estado para que en la investigación de diferentes entidades del Sector Azucarero, Usted sirva de garante del debido proceso, frente a las oprobiosas irregularidades de que hemos sido objeto, las que ponen en tela de juicio la existencia de una investigación ajustada a la Constitución y a la ley”:

Indica el gremio en su misiva que se comprometió el principio de imparcialidad al permitir que el Superintendente Delegado obrara como investigador y llevara toda la instrucción del proceso, luego de ser abogado de un empresario quejoso.

Como prueba de lo absurdo de la multa, muestra que a Asocaña se la sanciona con una multa de $30.000 millones, y el Patrimonio Líquido del Gremio es de $7,7 millones. Aun cerrando el gremio y liquidado todos sus activos, a duras penas alcanzaría para pagar menos de la cuarta parte de la multa.
También muestra cómo la Superintendencia actuó en contra de la ley ya que fijó unas multas exorbitantes, haciendo caso omiso del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Invocó la Ley 1340 de 2009, que prevé sanciones hasta por 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes, no obstante que la conducta que se le endilga a los ingenios empezó en el año 2008, época en la cual la sanción no podía exceder de 2.000 SMLMV (Decreto 2153 de 1992). Así, la multa excede en más $300.000 millones la máxima sanción posible, según la ley aplicable.
Se castigó a los Ingenios por supuesta reincidencia, pese a que las multas impuestas en el año 2010, fueron anuladas por la justicia y una última sanción pendiente, ya fue anulada en primera instancia.

A esta carta se unió el pronunciamiento del Consejo Gremial Nacional que como representante del sector empresarial colombiano, respeta las decisiones de las autoridades y considera que el derecho a la competencia va más allá de su dimensión jurídica y constitucional y se traduce en una herramienta de competitividad y desarrollo y de compromiso con la ética empresarial.

A raíz de la reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en el sector azucarero consideró conveniente que el país de un debate sobre el monto de las sanciones que imponen los entes administrativos en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de los efectos de las mismas sobre el ejercicio del derecho de asociación que llevan a cabo los gremios económicos.

Este debate debe pasar también por los procedimientos de defensa, descargos, apelaciones y recursos: Hemos insistido en que la segunda instancia en estos casos debería estar en cabeza de una entidad independiente a la que decide.

Una sanción de más de 30 mil millones de pesos hace inviable el quehacer de una asociación gremial y pone en duda su sostenibilidad hacia el futuro.

La discusión sobre los alcances de la acción jurisdiccional en materia de competencia y el monto de las multas toma especial relevancia ante el Proyecto de Ley 038 de 2015 que busca ampliar las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio. También es importante en este momento en el que se discuten diferentes  proyectos de reglamentación de potestades sancionatorias de otras superintendencias.

“En el caso del Proyecto de Ley 038, encontramos que se le otorgan amplias facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio que merecen ser estudiadas y debatidas a la luz del equilibrio institucional. Si bien es deseable una autoridad de competencia sólida e independiente, también es importante que la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyos objetivos son de inspección, vigilancia y control, no se sobreponga a los objetivos de determinación de política pública que tienen otros entes de la rama ejecutiva o a los objetivos de instrucción criminal y de juzgamiento que tienen entes como la Fiscalía y los jueces de la República en materia penal”, señalan los empresarios del país.

Para el sector empresarial, como sujeto pasivo del control, de las políticas públicas y de las acciones de los jueces y entes investigativos, es fundamental que todos ejerzan sus funciones armónicamente, bajo el supuesto fundamental de que solamente un sistema de pesos y contrapesos da garantías suficientes a los administrados.

Mientras tanto ni el superintendente ni ninguna otra autoridad se pronuncian y quieren seguir adelante con sus sanciones, defendiendo algunos intereses no muy claros.

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