Superindustria debe revisar sanción a azucareros: Procuraduría

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La Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso que se adelanta por la presunta cartelización empresarial del gremio de los azucareros, presentó cinco aspectos que debían ser revisados por parte de la Superindustria.

De acuerdo con el Ministerio Público la SIC, al efectuar la gradualidad y dosimetría de la sanción, no tuvo en cuenta los criterios definidos por la Ley 1340 de 2009 (que define normas en materia de protección de la competencia) y en particular lo señalado en los artículos 25 y 26 de esta norma.

Según la entidad, el ente sancionador sustentó la sanción en lo que denomina “ingresos operacionales”, sin que el ordenamiento jurídico aplicable contemple tal variable como criterio de gradualidad de las sanciones por restricción a la libre competencia, lo que en términos legales supone la violación de garantías constitucionales como el debido proceso y la legalidad.

Concluyó que en este proceso no operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido que el cómputo de los cinco años para dicha caducidad debe efectuarse desde el momento en que cesó o dejó de ejecutarse la conducta infractora, que para este caso fueron las acciones tendientes a restringir las importaciones a Colombia que, según las pruebas recaudadas por la SIC, se registraron hasta julio del año 2011.

Observó que en la Resolución 80847 del 7 de octubre de 2015 la SIC sanciona a los ingenios azucareros por obstrucción a las importaciones, entre otras desde Guatemala y el Salvador, sin que desde la apertura de la investigación y hasta antes de la sanción se observara debate o contradicción en relación con tales argumentos, lo que de acuerdo a la ley supone falta de congruencia y en consecuencia falta de motivación de la resolución sancionatoria.

Advirtió la violación al derecho a la defensa de los ingenios sancionados, ya que se evidenciaron límites a la posibilidad de controvertir los hechos y las pruebas.

La Procuraduría consideró que no hay rigurosidad fáctica-probatoria en algunos casos particulares, que permita concluir la participación o actuación de algunas de las personas naturales sancionadas en prácticas reprochables. La Procuraduría no encontró evidencia que justifique y pruebe una relación directa de la actuación de algunos sujetos que, en calidad de representantes legales, hayan efectuado alguna conducta sancionable.

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