Procesos en Incoder no han parado

Para hacerle frente a las quejas que se han presentado en algunas regiones del país, principalmente en la costa atlántica, por la poca efectividad que se ha tenido en los programas que adelanta el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en proceso de liquidación desde el pasado 7 de diciembre, funcionarios de la entidad aclararon la situación y dieron un parte de tranquilidad.

Adolfo Bedoya, director territorial del Incoder en Córdoba, garantizó que no se verán afectados los procesos de desarrollo en el campo colombiano con la liquidación de la entidad y expresó que “los proceso que traía el Incoder en cada uno de sus procedimientos como tierras rurales, adecuación de tierras, distritos de riego, desarrollos productivos, proyectos productivos continúan”.

Por su parte Juan Guillermo Valencia, subgerente de Promoción y Asuntos Étnicos del Incoder, expresó que el compromiso es seguir adelantando el proceso misional de cada una de las subgerencias. “La operación sigue igual, se sigue respondiendo por el tema indígena, por tema de distritos de riego, proyectos productivos todo está hoy funcionando y se contrató un personal por 60 días mientras las agencias asumen la tarea, pero en todo los frentes se continua con el trabajo”, puntualizó el funcionario.

Queja generalizada

Algunas familias campesinas del departamento de Córdoba, mostraron su inconformismo por el avance de los procesos de desarrollo rural en su región por cuenta de la poca atención que les han prestado durante lo corrido del año.

Otra queja fue la del encargado de la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento del Atlántico, Anatolio Santos Olaya, quien ante la consulta por las perdidas ocasionadas en el sector agropecuario por causa de los efectos del fenómeno de El Niño, aseguró que uno de los factores era el mal estado de los distritos de riego, y enfatizó que “la presencia del Incoder no está en los momentos más críticos porque esta en un proceso de liquidación y estamos esperando que nazca la nueva agencia de desarrollo rural, la encargada de mantener y darle vida a estos distritos de riego en el sur del Atlántico. Eso es algo palpable que salta a la vista, que los distritos de riego están fuera de servicio en estos momentos, y el fenómeno de El Niño ha afectado el caudal del rio y las bocatomas de todos los distritos, la altimetría es muy baja y bueno es un plan de choque el que se debe poner en marcha”.

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Nuevas agencias, en marzo

Ante la consulta realizada por Agronews sobre el plazo de la creación de las nuevas agencias; la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia para la Renovación del Territorio, el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, expresó que estas entraran en funcionamiento en marzo, luego de la prórroga de un mes adicional que se tomó el Gobierno Nacional para su instauración.

“Históricamente en las agencias del país se han demorado un año en arrancar, y estas agencias fueron creadas el 8 de diciembre y llevamos menos de dos meses desde que se expidieron los decretos y estamos hablando de la transformación de todo el sector agropecuario”, indicó el jefe de la cartera agropecuaria, quien añadió que “llevamos 25 años sin hacer un cambio estructural y la organización de este cambio estructural tiene que hacerse en detalle. Por eso dimos un mes adicional para ajustar las cosas y no generar traumatismos en las funciones que vienen realizando bien sea el Incoder en liquidación o el Ministerio que tiene las fichas de inversión y estamos más dedicados en pensar esta nueva estructura y no en la ejecución de proyectos que va a ser la tarea de las agencias nuevas”.

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Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

“No se va a detener la titulación de tierras o la adquisición de tierras para indígenas, campesinos o afros en el país, no queremos traumatizar eso como consecuencia del ajuste interinstitucional por eso pedimos plazo hasta marzo para que ya estén en actividad las agencias para hacerlo bien”.

Los Wiwa ya tienen destino

La subgerencia de Promoción y Asuntos Étnicos del Incoder, entidad que se encuentra en liquidación, se encargó en la última semana de adquirir los predios que permitirán dar cumplimiento al compromiso pactado en el 2014 con los integrantes de la etnia Wiwa, que habitan en el municipio de Becerril, Cesar. En una extensión de 1.150 hectáreas en la zona rural de El Molino, Guajira, se reubicara a las familias de esta comunidad indígena.

Juan Guillermo Valencia, subgerente de Promoción y Asuntos Étnicos del Incoder, advirtió que junto con las autoridades de la comunidad se viene realizando un continuo seguimiento a este proceso, el cual se inició hace 2 años, y en el que la entidad se comprometió a adquirir al menos 500 hectáreas en el 2015 y otras 600 en el 2016. “Es la adquisición de 4 o 5 predios en El Molino para la comunidad Wiwa y así dar solución al conflicto interétnico con los indígenas Yukpas en Becerril, Cesar, que reclaman este territorio como ancestral”, aseguró el funcionario, quien añadió que el trabajo que deberá adelantar ahora la comunidad Wiwa será la de “equipar” estos tierras con temas como el de vivienda, el educativo y el de producción, y para lo cual se adelantan gestiones con los diferentes entes gubernamentales.

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Conflicto interétnico

Los Wiwas son un pueblo nativo de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero por el conflicto armado que se vivió en la década de los 90 en el Cesar, parte de esta comunidad se desplazó hasta Perijá. Allí durante 20 años habían permanecido tranquilos cerca al río Maracas. En 1995, a través del entonces Incora, se les reconoció el resguardo a pesar de que era territorio tradicional de los Yukpas, que han reclamado estas tierras asegurando que allí están sus sitios sagrados.

Conociendo que los Wiwas realmente no pertenecen a ese territorio, el Incoder se comprometió a entregarles en 2015 unas quinientas hectáreas en la Sierra Nevada, en el municipio de El Molino, La Guajira; y otro tanto en 2016, a fin de poder ser reubicados y devolver de manera pacífica los predios a los Yukpas. Bajo ese compromiso, Yukpas y Wiwas hicieron un acuerdo interno para salir de los predios una vez el Incoder les restituya sus tierras.

A pesar de esto, en el mes de septiembre del año pasado, se presentaron algunos inconvenientes entre las dos comunidades, en las que se denunciaron amenazas por parte de los Yukpas hacia los Wiwa. Pero gracias a la gestión adelantada por el Incoder con la compra de los predios en la Guajira, este conflicto interétnico esta en etapa de solución.yukpas_1

Seguridad alimentaria para los indígenas

La puesta en marcha de un proyecto de seguridad alimentaria que involucra el montaje de tres invernaderos en la Sierra Nevada de Santa Marta, marcan el inicio de un trabajo que pone la tecnología al servicio de las comunidades indígenas que habitan en esta región, y que les permitirá ampliar su dieta alimenticia de 4 productos: yuca, malanga, ñame y guineo, a más 20 entre los que están legumbres, hortalizas y verduras.

Esa iniciativa llevada a cabo en las comunidades indígenas Domingueka, El Encanto y Rioancho, tuvo un valor de 999 millones de pesos y fue financiada por el Incoder y ejecutada por la Corporación Colombia Orgánica. Con el proyecto se busca generar todas las condiciones ambientales óptimas para que las comunidades de la Sierra produzcan hortalizas y verduras para su consumo fresco a lo largo del año.

Esto, gracias a un concepto de agricultura controlada, donde se interviene el riego, la exposición al sol, la humedad relativa, las temperaturas, entre otros factores, lo cual permite que haya alta certeza de precisión de productividad, garantizando así la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades indígenas en unos invernaderos retractiles, compuestos cada uno por cinco naves, y que cuentan con una extensión de aproximadamente 3.800 metros cuadrados y unos seiscientos metros cuadrados para agricultura vertical, todos montados de una manera que no agreden a la naturaleza, ni el entorno de las comunidades.

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“Para el Incoder es muy importante este proyecto, porque definitivamente le está aportando a la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades de la Sierra, que para nadie es un secreto, han sobrevivido por tiempo en condiciones de desnutrición y de falencias alimentarias por muchas circunstancias, entre ellas, la falta de diversidad de cultivos. Este proyecto, es una apuesta para que amplíen sus cultivos y de esta manera, mitiguen la dependencia de alimentos de los centros de abastecimientos, a costos altos”, afirmó Juan Guillermo Valencia, subgerente de Promoción y Asuntos Étnicos del Incoder, desde donde se gestionó el proyecto.

Tecnología para las comunidades indígenas

Estos 3 invernaderos están proyectados para proveer alimentación a 300 jóvenes indígenas de los colegios y a la comunidad en general. Están dotados de tecnología de punta en lo concerniente a suministro de agua y control de humedad y temperatura. “Si bien es cierto que es tecnología de punta, la comunidad ya se apropió de ella. Es la primera vez en la historia que las comunidades indígenas aceptan un proyecto de esa magnitud, pues fueron ellos quienes lo presentaron, y en el campo señalaron y dieron las indicaciones de dónde debería ir montado, de acuerdo a sus costumbres”, indicó Hernando Niño Rivera, director de la Corporación Colombia Orgánica, ejecutora del proyecto.

Incoder inveranderos sierra nevada

Niño Rivera añadió que otro de los beneficios del proyecto es que busca integrar el conocimiento de la academia con todo el concepto espiritual y de visión de los indígenas, “No es sólo introducir los invernaderos sin tener en cuenta su visión de la agricultura. Entonces, se han construido estando los técnicos con el mamo, que está haciendo la limpieza del terreno donde vamos a montar el invernadero”.

Además, la estructura se hizo teniendo en cuenta la apariencia de las montañas de la Sierra Nevada y se ha trabajado con semillas ancestrales. Según explica Niño, por cada invernadero se tiene estimado que habrá una producción de 56 toneladas de alimentos por año. Allí se cultivan berenjena, zanahoria, repollo, tomate, entre otras hortalizas y verduras.

Para las comunidades, explica Niño, este proyecto representa la posibilidad de volver a tener mejores condiciones de vida. “Muchos dicen, ayúdennos con su conocimiento a plantear una vía de desarrollo, porque nosotros sí lo hemos hablado, pero no hemos encontrado el camino”.

Por fin en tierra propia

Luego de 10 años de procesos jurídicos, más de 100 familias campesinas que fueron víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado han logrado cumplir el sueño de volver a ser propietarios legítimos de sus tierras y tener la oportunidad de construir una vivienda e implementar un proyecto productivo para su futuro.

El Incoder, entidad en liquidación, luego de un proceso para solucionar una problemática de tierras en el departamento de Córdoba, adquirió tres predios en los corregimientos de Martinica y Las Pavas de Montería, y el corregimiento de Buenos Aires de Canalete, con una extensión total de 509 hectáreas, para ser entregados a estas familias.

10 años de problemática

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En el año 2005 la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes había transferido de forma provisional al Incoder la finca “La Jagua”, un predio ubicado en la vereda Popales, jurisdicción del municipio de Ayapel . Estas tierras fueron entregadas interinamente a 100 familias campesinas y 210 familias desplazadas, mediante contratos de asignación o tenencia provisional en común y proindiviso. Pero un número importante de esas familias nunca ocuparon el predio “La Jagua” debido, por una parte, a la falta de acompañamiento de las entidades pertenecientes al Sistema Integral de Apoyo a la Población Desplazada; y por otra, a problemas de orden público en el municipio de Ayapel, lo que finalmente se tradujo en el desplazamiento de algunas familias que se encontraban allí..

Esta situación llevó a que en una visita realizada el 10 de febrero de 2010, solo se encontró viviendo en el predio a 6 familias, lo que originó la revocatoria de la Resolución de Transferencia Provisional por parte de la extinta DNE.

Ante esta situación, el INCODER inició un proceso de negociación de predios rurales de propiedad privada con el objetivo de ser adquiridos de manera directa y entregados definitivamente a dichos campesinos.

La solución a esta problemática se dio con la adquisición de tres predios ubicados en Montería y Canalete.

Comunidades étnicas, las más beneficiadas con el trabajo del Incoder

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, que entro en liquidación tras las reformas que el gobierno nacional decreto para elaborar un nueva institucionalidad del sector rural, realizo un destacado trabajo en el último año permitiendo el beneficio de las familias indígenas y comunidades negras, al igual que los campesinos pequeños y medianos productores.

En su etapa final, el Incoder le apostó al desarrollo rural integral con miras al posconflicto, en el que las cifras muestran un importante avance en temas como el fortalecimiento de los proyectos productivos, a las comunidades étnicas y del acceso a riego para los pequeños y medianos productores. Una ejecución en el periodo 2014-2015 que alcanzó a superar los $ 928.802 millones.

Esto significa que en este periodo se benefició a 41.771 familias campesinas, afro descendientes e indígenas, en 645 mil hectáreas en los 32 departamentos del país.

En el tema de tierras fueron más de 8.820 familias indígenas y de comunidades negras a las que se les otorgaron 341.385 hectáreas:

  • Indígenas:

Se les adjudico 43.764 hectáreas en 14 resguardos indígenas, beneficiando 2.097 familias de los departamentos Nariño, Tolima, Meta, Putumayo, Cauca y la Guajira, Chocó, Córdoba y Caquetá.

  • Comunidades Negras:

Se les adjudico 297.621 hectáreas a en 11 Consejos Comunitarios, beneficiando 6.723 familias en los departamentos de Chocó, Magdalena, Bolívar, Nariño y Valle del Cauca, entre los cuales cabe destacar la finalización del proceso del Consejo Comunitario Río Naya con 177.818 Hectáreas, beneficiando a 4.551 familias (Valle del Cauca).

Comparando los objetivos alcanzados y la proyección presentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en donde se tenia como meta la adjudicación de 297.000 hectáreas, el cumplimiento fue del 115 % en tan solo dos años de los 4 proyectados.