Restitución para la comunidad indígena Jiw

Los Jiw, una pequeña comunidad indígena que ha sido víctima del desplazamiento por cuenta de la acción de grupos armados ilegales, y afectada por otras circunstancias como el confinamiento y la disgregación de grupos familiares que ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de este pueblo, ya recorren el camino para la restitución de sus derechos. La Dirección de Asuntos Étnicos, DAE, de la Unidad de Restitución de Tierras, representantes de la FAO, el defensor comunitario del departamento del Guaviare, funcionarios de la Unidad para las Víctimas y autoridades indígenas llevaron a cabo una asamblea que da inicio este proceso.

Uno de los resguardo Jiw, “La María”, tiene una extensión de 478 hectáreas las cuales, según las autoridades indígenas, son insuficientes para garantizar la seguridad alimentaria de 100 personas organizadas en 13 familias. Este trabajo también incluye al resguardo Luna Roja, que tiene aproximadamente 120 personas, debido a los vínculos familiares e históricos de estas comunidades.

Comunidad Jiw del resguardo La María, en San José del Guaviare

Junto con la comunidad se definieron los territorios a visitar y se evaluaron las herramientas metodológicas, respaldando el inicio de la fase administrativa y la continuación del proceso que busca la restitución de sus derechos territoriales.

Esto ha sido fruto del trabajo realizado desde la subgerencia de Promoción y Asuntos Étnicos del Incoder, que inició la socialización de este proceso con las comunidades indígenas y junto con sus autoridades, se señaló el camino con el que se definió el territorio que se recorrerá para recolectar la información que demuestre las afectaciones territoriales, producto del conflicto armado.

la_maria

Antecedentes de la comunidad indígena Jiw

Aunque ellos se autodenominan los Jiw, esta comunidad indígena se conoce como Guayabero y posee su mayor población en el departamento del Guaviare, con presencia también en Meta y Putumayo. El último censo realizado por el DANE en el 2005 indicaba que 617 personas pertenecientes a esta comunidad estaban ubicadas a lo largo del río Guaviare, repartidos en siete resguardos indígenas que son: Barrancón, Barranco Ceiba, Barranco Colorado, Barranco Salado, La Sal, La Fuga y Macuare. Resguardos que se han ido incrementando como ha sucedió con el de La María y Luna Roja.

Los guayabero eran nómadas, pero después de la colonización se vieron en la necesidad de sedentarizarse, se ubican en zonas planas y altas para evitar la inundaciones. Esta población se halla repartida en varias comunidades que a su vez se dividen en clanes autónomos.

Su economía se basa en la agricultura, la pesca y la elaboración de artesanías. Por lo general los hombres preparan el terreno para la siembra y las mujeres se encargan de la siembra y la cosecha, principalmente se cultiva yuca amarga y brava, maíz, ñame, aguacate, cacao, papaya, piña, plátano, caña de azúcar, arroz, mango, algodón, calabaza, entre otros. Otra de las labores del hombre es la de cazar y pescar, estas labores se hacen de la forma tradicional con arco y flecha o lanzas, también recolectan semillas y frutos silvestres. Los hombres también ayudan a tejer instrumentos para procesar la yuca y canastos para almacenar la masa. Las mujeres hilan fibras de tronco de palma y con ellas fabrican hamacas, mochilas, brazaletes, canastas de carga, etc.

De igual forma que otros indígenas los guayaberos se ha visto en la necesidad de trabajar por un salario, esto por el desplazamiento forzoso y la reducción de su territorio.

Ubicación geográfica de los Jiw o Guayabero

mapa_guayabero

(Datos suministrados por www.lenguasdecolombia.gov.co)

La restitución llego a La Hormiga, Putumayo

En la Hormiga, Putumayo, se vivió un verdadero día de fiesta que por momentos borro aquellos días de horror sufridos durante 1993 y 2004 a causa de la violencia por el accionar de casi todos los grupos ilegales; FARC, AUC, EPL.

A muchos de los habitantes de esta región, una de las zonas más afectada por el conflicto armado en Colombia, se les restablecieron sus derechos con acciones gubernamentales como fue la restitución de 300 hectáreas a 31 familias campesinas, víctimas del despojo y el abandono forzado, el anunció de la presentación de la demanda de derechos territoriales que busca la restitución de más de 3.000 hectáreas de territorios étnicos para las comunidades del Consejo Comunitario Afrodescendiente de Villa, comunidad Inga Selvas del Putumayo y comunidad Zio Bain Tëntëyá, la entrega de 1.872 millones de pesos a campesinos putumayenses para la implementación de proyectos productivos, así como 200 casas gratis de la Urbanización ‘30 de Octubre’ a familias beneficiarias de la Red Unidos y en situación de desplazamiento, lo mismo que 2.259 millones de pesos para subsidios de vivienda.

Avances de la restitución de tierras

En el acto, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos en La Hormiga, Putumayo, el mandatario entregó un balance de los avances de la restitución de tierras, proceso que ya tiene 87.000 reclamaciones. “De ese porcentaje, el 76 % ya fue resuelto, ya se les restituyeron con sentencia, 179.000 hectáreas a 20.000 colombianos, entre comunidades étnicas y campesinos. Eso es casi el tamaño del Quindío”, destacó el presidente.

De acuerdo con las cifras suministradas en el 2015, la estrategia de restitución logró que se tramitaran 17.000 reclamaciones, casi una cuarta parte del total y la meta para el 2016 es tramitar otras 18.000.

“La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es un punto de inflexión muy importante con la que reparamos las heridas de guerra. Esto es comenzar a cicatrizar heridas antes de terminar el conflicto y comenzar a restituirle a miles y miles de colombianos. Esto es algo que nunca nadie en la historia, en ningún país en conflicto, se había hecho, que es poner a las víctimas en el centro de la solución”, dijo el jefe del Estado.

Seguridad + celeridad = Nuevo convenio

La Unidad de Restitución de Tierras, entidad que tiene como propósito asesorar y conducir a las víctimas de abandono y despojo forzado para establecer sus derechos, firmó un convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permitirá acceder a las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación, ANI, y al Sistema de información de Registro Civil, SIRC. Esto le brindara a los funcionarios de la Unidad de Restitución, mayor celeridad en el proceso de identificación de reclamantes de tierras y se tendrá certeza sobre los nombres, apellidos, número y vigencia del documento de identidad de los mismos.

Con esta medida se dispone de toda una plataforma tecnológica y de consulta que permitirá a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, dar claridad sobre la identidad de las personas que se acerquen para iniciar la solicitud de predios que fueron despojados o abandonados por la incidencia del conflicto.

Esta será otra herramienta que tendrá la entidad para evitar fraudes y suplantaciones de identidad de quienes buscan restablecer sus derechos en torno a la propiedad de los bienes que le han sido arrebatados por la violencia.

RICARDO SABOGAL

De acuerdo al Registrador Nacional, Juan Carlos Vácha, este convenio reduce los tiempos del proceso de Restitución de Tierras el cual pasara “de dos meses a un clic”.

Entre tanto el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal aseguro que “Certeza y celeridad en la identidad de las víctimas que inician proceso de restitución de tierras es lo que nos brinda la firma de este convenio con la Registraduría Nacional”.

“LAS VOCES DEL RENACER NEGRO”, diagnostico de protección

 

El consejo Comunitario Renacer Negro, de Timbiquí, Cauca, beneficiado con la sentencia histórica de restitución de derechos territoriales a una comunidad afrodescendiente, sobre 71 mil hectáreas y que beneficia a 761 familias, hará entrega formal del diagnóstico participativo elaborado con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR).

El diagnóstico, que es una apuesta hacia la protección de esta comunidad, será entregado al Ministerio del Interior con la participación de todas las instituciones del Estado implicadas, dada la importancia de la articulación institucional en este proceso.

Los hallazgos de este diagnóstico, que recoge opiniones, análisis y visiones de la comunidad, constituyen un insumo importante en la construcción de la ruta institucional en el tema de protección y prevención.

Una historia de despojos

La población del Consejo Comunitario Renacer Negro, ubicado en el municipio de Timbiquí, al occidente del departamento del Cauca, reconocido como poseedor histórico de esas tierras, con derecho legítimo a ejercer sus prácticas culturales y ancestrales, se ha visto enfrentada a diversas situaciones de riesgo y vulneración de sus derechos, debido a la presencia de grupos armados ilegales, cultivos de uso ilícito y minería informal a cielo abierto con maquinaria pesada. Todas estas afectaciones han ocasionado desplazamientos forzados de la comunidad que, en algunas ocasiones, ha quedado en medio del fuego cruzado y de la presión ejercida por dichos actores.

Como población afrodescendiente, representada por la Unidad de Restitución de Tierras, URT, ha instaurado diversos mecanismos para proteger sus derechos étnicos colectivos. Fruto del trabajo conjunto entre la comunidad y la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, el 1º de julio de 2015 un juez de restitución de tierras en Popayán emitió la Sentencia 071, para la recuperación del ejercicio pleno de los derechos territoriales del Consejo Comunitario Renacer Negro.

Preparando el terreno para esta histórica sentencia de restitución de derechos territoriales, que es la primera en favorecer a una comunidad afrodescendiente en Colombia, en 2014 la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, acompañó a la población en su proceso de construcción de propuestas para la protección de sus derechos territoriales, físicos y culturales y por ello, en coordinación con la Junta Directiva del Consejo Comunitario, impulsó la realización de un diagnóstico participativo con el objetivo de identificar las necesidades y real situación de la comunidad, de acuerdo a las afectaciones y riesgos de la población que habita el territorio colectivo.