Una nueva familia campesina podrá regresar a sus predios luego que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, resolviera a favor de un campesino, víctima de despojo, y a quien los paramilitares liderados por Rodrigo Tovar Pupo también conocido con el alias de “Jorge 40” le asesinaron a su padre y hermano.
De acuerdo al testimonio de la víctima los paramilitares llegaron a la parcelación el 19 de mayo de 1997 y, después de violentar las viviendas del sector, cambiaron la historia de su hogar. Luego de los nefastos hechos vividos en la zona, la víctima, junto con su familia, abandonó la región y con ello, sus tierras fértiles y aptas para la ganadería.
Con este fallo a favor del campesino, que le restablece sus derechos y sus tierras, ya son 16 familias de la parcelación El Toco, ubicada en el corregimiento Los Brasiles en el municipio de San Diego, Cesar, las que han recuperado más de 450 hectáreas gracias a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras.
Historia de El Toco
La parcelación El Toco, en los últimos veinte años, marcó la historia de aquellos campesinos que un día perdieron todo por causa del conflicto armado vivido en la zona. La violencia comenzó cuando paramilitares, con lista en mano, asesinaron a varios parceleros, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla.
Estas familias, que eran por lo menos 90, habían invadido la hacienda en la década de 1990, desarrollando allí cultivos de algodón, maíz, patilla, melón, yuca, plátano y frijol. En mayo de 1997, un mes después del primer desplazamiento, los paramilitares, al mando del también exjefe paramilitar John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, volvieron a cometer una masacre, esta vez con un lamentable saldo de 13 personas muertas.
El Toco fue seleccionado por el gobierno como un caso emblemático de restitución cuando fue aprobada en 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En 2013 cuando se inicio el proceso de restitución, algunas de las primeras familias en llegar fueron de nuevo desplazadas con amenazas, lo que llevo a la Unidad de restitución de Tierras a interponer demandas penales y establecer un proceso de protección y seguimiento para llevar a cabo un verdadero restablecimiento de derechos que hasta el momento ha permitido el retorno de 16 familias a estos predios.
