Luego de 10 años de procesos jurídicos, más de 100 familias campesinas que fueron víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado han logrado cumplir el sueño de volver a ser propietarios legítimos de sus tierras y tener la oportunidad de construir una vivienda e implementar un proyecto productivo para su futuro.
El Incoder, entidad en liquidación, luego de un proceso para solucionar una problemática de tierras en el departamento de Córdoba, adquirió tres predios en los corregimientos de Martinica y Las Pavas de Montería, y el corregimiento de Buenos Aires de Canalete, con una extensión total de 509 hectáreas, para ser entregados a estas familias.
10 años de problemática
En el año 2005 la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes había transferido de forma provisional al Incoder la finca “La Jagua”, un predio ubicado en la vereda Popales, jurisdicción del municipio de Ayapel . Estas tierras fueron entregadas interinamente a 100 familias campesinas y 210 familias desplazadas, mediante contratos de asignación o tenencia provisional en común y proindiviso. Pero un número importante de esas familias nunca ocuparon el predio “La Jagua” debido, por una parte, a la falta de acompañamiento de las entidades pertenecientes al Sistema Integral de Apoyo a la Población Desplazada; y por otra, a problemas de orden público en el municipio de Ayapel, lo que finalmente se tradujo en el desplazamiento de algunas familias que se encontraban allí..
Esta situación llevó a que en una visita realizada el 10 de febrero de 2010, solo se encontró viviendo en el predio a 6 familias, lo que originó la revocatoria de la Resolución de Transferencia Provisional por parte de la extinta DNE.
Ante esta situación, el INCODER inició un proceso de negociación de predios rurales de propiedad privada con el objetivo de ser adquiridos de manera directa y entregados definitivamente a dichos campesinos.
La solución a esta problemática se dio con la adquisición de tres predios ubicados en Montería y Canalete.